Victoria para Airbnb en la Unión Europea: la empresa no requiere licencia de agente inmobiliario
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció el jueves que Airbnb no actúa como una agencia inmobiliaria, por lo que no requiere una licencia para operar en Francia. El fallo representa una importante victoria para Airbnb en su lucha para evitar más regulaciones por parte de las autoridades.
El tribunal, en una decisión en Luxemburgo, señaló que Airbnb actúa como un “servicio de la sociedad de la información” y no como una agencia inmobiliaria. Sostuvo que Airbnb se limita a proporcionar una herramienta para presentar y encontrar alojamiento para alquilar en lugar de actuar como agente inmobiliario.
Airbnb está tratando de resolver los problemas regulatorios con las ciudades antes de su salida a bolsa, la cual está prevista para el próximo año. La compañía resiste la presión del incremento de regulación de legisladores de todo el mundo que dicen que los arrendadores de corto plazo perturban las economías locales al aumentar el alquiler y los precios a los residentes de toda la vida. Por ello, la victoria judicial es trascendente.
“Queremos ser buenos socios para todos y ya hemos trabajado con más de 500 gobiernos para ayudar a los anfitriones a compartir sus hogares, seguir las reglas y pagar impuestos” dijo Airbnb en un comunicado sobre la decisión judicial.
Diferencia con Uber
El tribunal ha dado a Airbnb un tratamiento distinto al que se le ha dado a Uber.
En un fallo reciente se estableció que Uber actúa como una empresa de transporte en lugar de un servicio de la sociedad de la información y, por tanto, sometida a estricta supervisión regulatoria.
En el fallo de Airbnb, el tribunal sostiene que Uber tiene una influencia decisiva sobre las condiciones en las que operan los conductores. Este elemento no se daría en Airbnb. Ésta no decide el precio de alquiler, ni selecciona a los anfitriones o el alojamiento colocado en alquiler en su plataforma.
El caso
La Asociación de Turismo Profesional y Alojamiento (AHTOP) aspiraba que Airbnb fuera sometida a las mismas obligaciones financieras, contables y de seguros que los proveedores tradicionales de bienes inmuebles.
La asociación francesa consideraba que Airbnb actuaba como una agencia inmobiliaria por lo que debía ser regulada por la Ley Hoguet francesa que rige la profesión inmobiliaria.
Airbnb argumentó que estaba protegida por las leyes de la Unión Europea sobre comercio electrónico.
El tribunal de Luxemburgo consideró que el “servicio de intermediación” entre huéspedes potenciales y anfitriones profesionales o no que ofrecen servicios de alojamiento a corto plazo debe calificarse como un “servicio de la sociedad de la información”, de conformidad con la Directiva 2000/31.
