Tribunales europeos podrán ordenar a Facebook eliminar publicaciones en todo el mundo
El máximo tribunal de Europa dictaminó este jueves que los tribunales de los países miembros de la Unión Europea pueden ordenar a Facebook que elimine publicaciones no sólo en sus propios países sino en todo el mundo.
La decisión fue emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el caso Glawischnig-PiesczeK vs Facebook.
Eva Glawischnig-Piesczek, ex lider del Partido Verde de Austria, demandó en el 2016 a Facebook ante los tribunales austriacos para que eliminará publicaciones ofensivas. Entre las publicaciones habían comentarios donde la llamaban «patán corrupto» y miembro de un «partido fascista». Desde el inició Facebook se había negado a retirar las publicaciones.
El tribunal austriaco que sustanció el juicio consideró que los comentarios eran difamatorios y tenían intención de dañar su reputación. El tribunal ordenó a Facebook que eliminará las publicaciones señaladas por Glawischnig-Piesczek así como las que tengan un contenido «equivalente». Ordenó que sean eliminadas en todo el mundo.
El caso llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ubicado en Luxemburgo, quién dictaminó que si bien Facebook no era responsable de los comentarios difamatorios publicados si tenía la obligación de eliminarlos después de que un tribunal los declarará difamatorios.
La decisión del máximo tribunal deja al alcance de los tribunales de la Unión Europea la posibilidad de determinar que publicaciones, no sólo de Facebook, deben ser eliminadas. Pero el asunto no se queda ahí. Los tribunales podrán ordenar que las publicaciones sean eliminadas no sólo en sus propios países sino en todo el mundo.
La decisión plantea serias dificultades para las compañías de internet. Y no puede ser apelada.
Facebook dijo en un comunicado que la decisión podría obligar a las compañías de internet a monitorear activamente las publicaciones de todos los usuarios y a interpretar que publicación es «equivalente» al contenido que sea declarado ilegal.
Señaló que la decisión «socava el principio de larga data de que un país no tiene derecho a imponer sus leyes sobre el discurso en otro país» y que «abre la puerta a las obligaciones que se imponen a las compañías de Internet para monitorear proactivamente el contenido y luego interpretar si es`equivalente´al contenido que se ha encontrado que es ilegal».